Madrid, 9 de enero de 2025.- Los ministros Sira Rego (Juventud e Infancia) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) han presentado este jueves la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Se trata de un plan que, tal y como se ha detallado en la presentación, constituye la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en los próximos años para que España reduzca su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. A pesar de que este indicador ha mejorado en los últimos años en nuestro país, en 2023 seguía estando cinco puntos por encima de la media europea (26,5% frente a 21,3%), y es aún más preocupante, han alertado Bustinduy y Rego, si miramos la tasa de pobreza infantil, donde el porcentaje (34,5%) era casi diez puntos más que el promedio europeo (24,8 %).
En base a estas cifras, ambos ministros han defendido que España adopte una Prestación Universal por Crianza. Una propuesta de Pablo Bustinduy que se está negociando en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que, según él mismo ha señalado, supondrá un “elemento central” para rectificar los “inaceptables datos de pobreza infantil con los que convivimos” y para “reflejar el compromiso de este Gobierno con las familias y los derechos de la infancia”.
Además de la Prestación Universal por Crianza, Pablo Bustinduy ha destacado también la necesidad de intervenir “de forma urgente” el mercado de la vivienda. “Es insostenible que casi el 40% de los hogares que viven en alquiler destinen a la vivienda más del 40% de su renta”, ha dicho el ministro para subrayar que el precio de la vivienda es ya uno de los principales factores de pobreza en España.
Por su parte, Sira Rego ha subrayado que la pobreza infantil es una de las mayores heridas sociales de España, afectando al 33% de niñas y niños. La ministra ha defendido el Pacto de Estado contra la pobreza infantil como un paso imprescindible para romper el ciclo de desigualdad estructural. Asimismo, ha enfatizado que este compromiso político es fundamental para garantizar a las niñas y niños derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. “No combatir esta situación es hipotecar el futuro de nuestras niñas y niños y, con ello, el futuro de nuestra sociedad” ha concluido la ministra, haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas para alcanzar este compromiso de Estado.
Esta estrategia presenta 54 líneas de actuación generales que posteriormente serán concretadas través de un plan operativo de ejecución y seguimiento. Este plan será elaborado cada año por el Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de los ministerios implicados e incluirán las medidas concretas a ejecutar (junto a su dotación presupuestaria), detallará las áreas de actuación y los organismos responsables o implicados, y actualizará la evolución de los indicadores. Todo ello, estructurado a partir de cuatro retos estratégicos:
- Garantizar recursos para la ciudadanía, mediante políticas que aseguren unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y prestaciones sociales, y que favorezcan el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ayudando a personas vulnerables a pagar el alquiler, previniendo los desahucios, ampliando herramientas contra la pobreza energética y abordando medidas para erradicar el sinhogarismo. Además, se revisará el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para aumentar las cantidades de las prestaciones y ayudas sociales, así como el número de personas beneficiarias.
- Inversión social en las personas para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades. En materia de educación, se fija como meta crear nuevas plazas en educación infantil, asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias objetivo, prevenir y reducir el abandono escolar para que estas niñas y niños disfruten de las mismas oportunidades que los demás. En el plano laboral, se fomentará la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y se desplegarán medidas contra la discriminación laboral.
- Refuerzo del estado de bienestar y la protección social. Se construirá una red de protección para garantizar los derechos sociales y facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente a las mujeres, que sufren una mayor precariedad y que, generalmente, siguen siendo quienes más tiempo dedican al cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de dependencia. Para ello, se impulsarán acciones en favor de las familias vulnerables, con apoyo especial a aquellas en las que haya personas con discapacidad. Así mismo, se promoverá el acceso a comedores escolares saludables, a la atención infantil temprana, y a los sistemas de dependencia. También el acceso al Sistema Nacional de Salud y a la atención de la salud mental.
- Desarrollo de alianzas y trabajo en red: Se mejorará la gestión y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura. Por otro lado, se impulsará la cooperación territorial a todos los niveles y fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de los programas y de las diferentes iniciativas.
Junto a los ministros Bustinduy y Rego, en la presentación de esta estrategia ha participado Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales; Gema Gallardo, directora general de la asociación Provivienda; Ricardo Ibarra, director de la POI (Plataforma de Organizaciones de Infancia), y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), entidad que el pasado mes de junio publicó el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, según el cual, la pobreza y la exclusión social afecta a 12,7 millones de personas en nuestro país. Además, las encuestas más recientes del Eurobarómetro y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han puesto de relevancia que la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales ocupan posiciones de primera línea entre las preocupaciones de la población en Europa y en España.