Desde la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en España, que incorpora la concepción del niño como sujeto de derechos, creativo y participativo, capaz de modificar y de influir en su entorno, se han impulsado las condiciones para hacer efectiva la participación de los niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA, en la vida social en todas sus dimensiones. En términos generales, la denominada “participación infantil”, como derecho del NNA a ser escuchado y principio trasversal de la CDN, sea quizás el derecho con mayor dificultad para su comprensión desde el mundo adulto, y por tanto para su aplicación efectiva, en ocasiones complicada por la compleja articulación que supone, teniendo en cuenta las condiciones de vida y edad y/o madurez de un NNA.
Los derechos de la infancia y de la adolescencia, y en concreto, el derecho a la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos de pleno derecho, es una prioridad para el Gobierno de España. La demanda, y el trabajo previo para crear un órgano consultivo de participación a nivel estatal, existía desde hace tiempo en la línea con:
- Observación General nº 12 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: Derecho del niño a ser escuchado (2009)
- Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a España (2018).
En las últimas recomendaciones (marzo 2018), hechas por el Comité de Derechos del Niño, vuelven a incluir el derecho del niño a ser escuchado, insistiendo en que se continúe la promoción del debido respeto por las opiniones del NNA, a cualquier edad, en la familia, en la escuela, en la sociedad en general y en todos los procedimientos administrativos y judiciales que le conciernan. - Directrices europeas (tanto las procedente de las estrategias de la Unión Europea, como las del Consejo de Europa) orientadas a capacitar a las niñas y los niños para ejercer una ciudadanía activa como miembros de pleno derecho de sociedades democráticas.
A tenor de los citados instrumentos internacionales, se impulsó la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia en la disposición final decimoséptima de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el 4 de junio de 2021. Este mandato se materializó mediante la Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre de 2021 de creación del CEPIA.